Al día de hoy, se estima que aproximadamente el 29% de los hogares en el país son monoparentales, y la tendencia sigue en aumento. Sin embargo, su reconocimiento en términos de derechos y protección legal es prácticamente inexistente.
En un país donde la estabilidad económica y laboral es incierta para muchas personas, que el sustento recaiga únicamente en un progenitor representa un desafío aún mayor. Si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de las familias monoparentales, subrayando que el modelo tradicional de familia ya no es el único ni el predominante, dicho reconocimiento queda en el plano teórico. Sin el respaldo de políticas públicas concretas, la realidad de miles de peruanos y peruanas no mejora, obligando a quienes encabezan estas familias a asumir la doble carga de ser, a la vez, el sostén económico y la base emocional de sus hijos.
Desde hace varios años, se han presentado propuestas para reconocer y proteger a las familias monoparentales en el Perú. Un ejemplo de ello fue el Proyecto de Ley N° 03705/2018-CR, que proponía brindar protección y reconocimiento a estas familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la propuesta nunca fue aprobada ni reconsiderada.
Otro intento relevante fue la publicación del Anteproyecto de Reforma al Código Civil Peruano en 2020, que proponía modificar el artículo 233 del Código Civil para reconocer diversas estructuras familiares, incluyendo las monoparentales. Pese a la necesidad evidente de otorgarles tutela jurídica, la iniciativa no ha avanzado significativamente en el proceso legislativo.
Esto se debe a la falta de consenso político, dejando en segundo plano estas propuestas. La situación también refleja una crítica más amplia a las políticas públicas de género, donde la falta de reconocimiento y apoyo a las familias monoparentales evidencia la persistencia de un enfoque normativo que no responde a la diversidad de estructuras familiares ni a las necesidades específicas de quienes asumen en solitario la crianza y el sustento del hogar.
En el 2023, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 37,7% de los hogares peruanos estaban dirigidos por mujeres. Dentro de los hogares nucleares pobres liderados por mujeres, el 34,2% eran monoparentales, es decir, conformados por una madre sin pareja y con hijos a su cargo.
Por otro lado, la figura evolutiva del aumento de este tipo de familias se han incrementado en los últimos años. Antes de la pandemia (2019), representaban el 24% del total de hogares, mientras que en 2023 esta cifra ascendió al 29%, incrementándose cinco puntos porcentuales. La crisis económicas y sanitarias afectaron especialmente a los hogares monoparentales, profundizando su vulnerabilidad debido a la pérdida de empleo y el limitado acceso a servicios de apoyo. Esta realidad exige una respuesta urgente del Estado, con políticas públicas que no solo reconozcan, sino que también protejan y apoyen a estas familias en su derecho a condiciones de vida dignas.
Reconocimiento sin impacto práctico
Si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de las familias monoparentales a través del Expediente N° 09332-2006-PA/TC, este reconocimiento no ha tenido un impacto real en la mejora de su protección. La falta de normativas específicas deja a estos hogares en una situación de desamparo, sin acceso a beneficios sociales adecuados, apoyo económico ni medidas laborales que faciliten la conciliación entre el trabajo y la crianza de los hijos.
El problema de fondo es la falta de una política pública integral que reconozca la diversidad de estructuras familiares y garantice apoyo y protección a todas ellas. El hecho de que el modelo biparental aún sea la referencia principal para el diseño de políticas y leyes perpetúa la discriminación contra aquellos hogares en los que un solo progenitor asume toda la carga económica y emocional.
Las familias monoparentales necesitan acceso a medidas laborales especiales, como horarios flexibles y licencias extendidas, así como facilidades en el acceso a servicios de salud, educación y vivienda. Sin estas herramientas, su bienestar y desarrollo integral se ven comprometidos.
El camino hacia la equidad
Garantizar protección a las familias monoparentales no solo es una cuestión de justicia social, sino también de equidad. Un Estado que reconoce y protege a todas las estructuras familiares, sin distinción, es un Estado que avanza hacia una sociedad más inclusiva y justa. La discusión legislativa debe reactivarse y traducirse en medidas concretas que brinden seguridad y respaldo a quienes han asumido en solitario la enorme responsabilidad de criar y sostener un hogar.
Fuentes consultadas:
