Por: Paloma Cotrina, Especialista Legal de Horizonte Laboral
Este mes, muchos trabajadores verán en su boleta el primer tramo del aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasó de S/ 1,130 a S/ 1,230 y llegará a S/ 1,300 en el primer semestre de 2027. Para quienes la reciban, es una buena noticia. Pero esa boleta no llegará a todos. Según la ENAHO 2025 del INEI, el 70.2% de los trabajadores peruanos tenía un empleo informal.
Desde Horizonte Laboral participamos en la segunda edición de la Summer School on Social Dialogue del Centro Internacional de Formación de la OIT (ITCILO), en Turín, que por primera vez se dedicó a los salarios. Uno de los temas fue el salario vital, un debate que gana fuerza en el mundo. La idea acompaña a la OIT desde 1919, pero recién en 2024 gobiernos, trabajadores y empleadores acordaron una definición común. Según ella, el salario vital es el nivel salarial necesario para que un trabajador y su familia tengan una vida digna, de acuerdo con las circunstancias de cada país. Se estima a partir del costo de las necesidades básicas de un hogar, de su tamaño y de cuántos de sus miembros trabajan. Además, no exige crear instituciones nuevas, ya que se puede avanzar hacia él con mecanismos que ya existen, como la negociación colectiva y los espacios tripartitos.
Escuchar ese debate desde el Perú deja una pregunta incómoda. Si el mínimo que ya tenemos no alcanza a la mayoría de trabajadores, ¿tiene sentido hablar de un piso todavía más alto?
Para responderla, conviene mirar a quién protege hoy la RMV. Cada aumento beneficia a quien está en planilla, y eso tiene valor. Sin embargo, en el Perú la gran mayoría de empresas son micro y pequeñas, y muchas operan con baja productividad. Para ellas, un piso que se aleja de lo que pueden pagar se convierte en una barrera más para formalizarse. Así, el mismo instrumento que mejora el ingreso de unos puede alejar a otros de la formalidad.
Ante esa tensión, ninguna de las salidas rápidas parece suficiente. Congelar el mínimo dejaría sin mejora a quienes sí están protegidos, y subirlo sin evaluar sus efectos podría ensanchar la distancia con la informalidad. Un camino más sensato es ajustarlo con reglas técnicas conocidas y con evidencia sobre su impacto en el empleo formal, la productividad y la informalidad, en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Aun así, el salario explica solo una parte del problema. Muchas de las causas de la informalidad poco tienen que ver con él, como la baja productividad, la falta de políticas que soporten el crecimiento empresarial y los costos y trámites que hacen de la formalidad un lujo para la MYPE.
Llegados a este punto, podría pensarse que el salario vital es un debate lejano para el Perú. Lo es, pero eso no lo vuelve irrelevante. Una definición y una metodología acordadas nos dan una referencia sobre hacia dónde avanzar y cuánto falta por recorrer, y permiten discutir los salarios con datos sobre necesidades reales. Visto así, el salario vital funciona mejor como brújula que como meta inmediata. Y la pregunta de fondo deja de ser solo cuánto subir el mínimo, para ser también cómo lograr que llegue a más personas.
Recorrer ese camino pasa por el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado. Pero en esa mesa no están sentados los trabajadores informales, que son la mayoría. Si los próximos acuerdos sobre salarios vuelven a construirse sin ellos, ¿cuántos aumentos más serán una noticia que solo llega a algunas boletas?.
