El Índice Regional de Protección Social (IRPS), elaborado por Horizonte Laboral y la PUCP sobre datos ENAHO–INEI, mide en una escala de 0 a 1 el nivel de protección de los trabajadores de la PEA en cada región del país, a partir de tres dimensiones: empleo, salud y pensiones. Sus resultados para 2024 muestran que, en los tres pilares, las cifras replican las de 2019. Para los gestores de políticas públicas que asuman en julio, el punto de partida no es una transición: es una deuda estructural acumulada.
Replica de nota de prensa publicada en el diario Gestión el 30 de junio de 2026.
El sistema de protección social, prácticamente, se mantuvo estancado durante los últimos cinco años, revela el Índice Regional de Protección Social: Salud, pensiones y empleo, desarrollado por Horizonte Laboral y la PUCP, elaborado a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024.
En una escala muestral, el Índice Regional de Protección Social (IRPS) pasó de 0.49 en el 2019 a apenas 0.50 en el 2024.
Los resultados muestran que dos de los tres componentes evaluados no registraron avances respecto a la prepandemia. Empleo mantuvo el mismo nivel que hace cinco años y salud volvió al punto de partida tras sufrir un deterioro durante el período. El tercero es pensiones.
Para Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, una de las razones detrás de este resultado es que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en una mejora de la protección social.
Explica que parte de la expansión de la economía respondió al mejor desempeño de sectores específicos, como la minería, sin que ello generara automáticamente más empleo formal o una ampliación de los servicios que sostienen la protección social.
En detalle, el ranking del IRPS revela un país que avanza, pero no necesariamente converge: mientras el Callao aparece como líder con 0.80 en el 2024, regiones como Ayacucho, Cajamarca y Puno permanecen en la base, atrapadas en un rezago histórico que ni siquiera cinco años de mejoras han logrado revertir.
El índice permite dar una foto situacional de las deficiencias en el sistema de protección social por regiones.
Informalidad, un freno
El informe identifica al empleo como el principal punto de entrada al sistema de protección social. Sin embargo, también es el ámbito donde persisten algunas de las mayores brechas.
La dimensión empleo cerró con una puntuación de 0.60, exactamente la misma que registró en el 2019. Detrás de este resultado se encuentra una realidad conocida: solo el 24.6% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. En otras palabras, tres de cada cuatro trabajadores permanecen fuera del sistema.
Además, apenas el 16% cuenta con un empleo adecuado, entendido como aquel que ofrece ingresos suficientes y una jornada laboral acorde con los estándares establecidos. Esto significa que una gran parte de los trabajadores enfrenta no solo problemas de formalidad, sino también problemas de calidad del empleo.
