Por: Mayén Ugarte, Presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral
Si uno quiere entender qué podría hacer el próximo Congreso en empleo, informalidad y protección social, no basta con leer promesas sueltas. Hay que mirar dónde empiezan los consensos y dónde se terminan. Y para eso conviene concentrarse, al menos por ahora, en las agrupaciones que hoy, según encuestas recientes, todavía aparecen con alguna posibilidad (más clara en unos casos que en otros) de pasar la valla electoral y llegar al Congreso. En el simulacro de Senado de Ipsos de fines de marzo, seis partidos aparecían superando la valla; y en la medición de CPI del 5 de abril el panorama seguía muy fragmentado, con varias de estas fuerzas todavía en disputa por ese umbral. Entonces se ha incluido el análisis de los planes de gobierno de los 8 partidos con posibilidad de superar la valla en alguna de las cámaras, asumiendo un comportamiento similar a la votación presidencial.
Visto así, el panorama deja una conclusión menos obvia de lo que parece: sí hay una base para ciertos acuerdos, pero no necesariamente para una reforma de fondo. En otras palabras, el Perú podría ver una agenda compartida en simplificación, empleabilidad y apoyo a la MYPE; pero es mucho menos claro que el próximo Congreso consiga acuerdos robustos en reforma previsional, fiscalización o cambios de mayor calado en el régimen laboral.
Y antes de entrar al fondo, vale decir algo que también importa metodológicamente: el partido Cívico Obras prácticamente no ha tocado estos temas. Salvo un par de alusiones puntuales a ventanillas únicas municipales para trámites y a una propuesta de contratación formal en obra pública, no desarrolla una agenda sustantiva sobre mercado laboral, formalización ni protección social.
Dicho eso, el primer consenso importante sí existe, y probablemente sea el más políticamente viable: formalizar tiene que ser más simple. Con distintos matices, APP, Fuerza Popular, País para Todos, Primero la Gente, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno proponen ventanillas únicas, interoperabilidad, digitalización de trámites, simplificación administrativa y reducción de costos de entrada para empresas pequeñas, independientes y emprendimientos populares.
No es un detalle técnico. Es una admisión política. Durante años, buena parte del Estado peruano trató la informalidad como si fuera, sobre todo, un problema de incumplimiento. Hoy varios partidos parecen reconocer algo bastante más incómodo: la formalidad también fracasa porque el propio Estado la vuelve costosa, lenta, fragmentada y, muchas veces, arbitraria. Este reconocimiento abre una ventana de acuerdo legislativo.
No porque resuelva el problema de raíz, sino porque es una de las pocas zonas donde distintos partidos pueden coincidir sin pagar un costo ideológico demasiado alto.
El segundo consenso es igual de relevante: la empleabilidad no puede seguir separada del aparato productivo. Formación técnica, CETPRO, certificación de competencias, formación dual, orientación vocacional, plataformas de empleo y mejor articulación entre oferta educativa y demanda laboral aparecen de forma reiterada en varios partidos. APP, Fuerza Popular, Ahora Nación, País para Todos, Primero la Gente y el Partido del Buen Gobierno convergen ahí, y Juntos por el Perú también entra por la vía de una institucionalidad específica de empleabilidad juvenil.
Ese consenso también dice algo sobre el momento político. El Perú parece haber internalizado, al menos en el plano programático, que no basta con “crear empleo” en abstracto. El problema no es sólo cuántos trabajan, sino en qué trabajan, con qué capacidades y con qué conexión con sectores que realmente puedan sostener productividad y mejores ingresos. Por eso no sorprende que reaparezcan ideas como formación dual, observatorios laborales, rutas flexibles entre secundaria y técnica, y certificación de competencias para trabajadores sin trayectoria formal.
El tercer punto de convergencia es, a mi juicio, uno de los más importantes: la MYPE, el autoempleo y la economía popular dejaron de ser tratadas como un anexo del mercado laboral. Fuerza Popular, Primero la Gente, País para Todos, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, cada uno a su manera, entienden que no se puede hablar seriamente de formalización en el Perú sin hablar de pequeños negocios, ambulantes, independientes, autoempleados, comercio barrial, agricultura familiar o actividades de muy baja escala.
Ese giro es correcto. El problema es que el consenso llega hasta ahí. Porque cuando uno entra al cómo, reaparecen las diferencias de verdad.
Ahora, veamos sus diferencias…
La primera gran diferencia está en la idea misma de formalización. Para algunos partidos, el principal obstáculo es el exceso de trabas: demasiados permisos, demasiados costos de entrada, demasiada fricción para quien quiere formalizarse. Desde esa lógica, la solución pasa por licencias simplificadas, exoneraciones temporales, alivios tributarios, costos casi cero de formalización y menos sanciones o menos discrecionalidad estatal. Este enfoque aparece con bastante claridad en Fuerza Popular, APP y Ahora Nación.
Para otros, el problema es más estructural. No basta con facilitar el registro si la unidad económica sigue siendo poco productiva, si no tiene acceso a crédito, si no puede integrarse a cadenas productivas, si no cuenta con asistencia técnica o si la protección social sigue estando desconectada de la transición hacia la formalidad. En ese enfoque, formalizar no es solo entrar a un registro; es poder quedarse adentro. Y esa mirada aparece con más nitidez en Primero la Gente, País para Todos y varias de las propuestas del Partido del Buen Gobierno.
Esa diferencia parece sutil, pero no lo es. Un enfoque entiende la formalidad como una puerta de entrada cuyo costo hay que bajar. El otro la entiende como una trayectoria que necesita productividad, gradualidad y beneficios tangibles para sostenerse. Son dos lecturas distintas del mismo problema. Y en el Congreso eso puede traducirse en una tensión bastante concreta: ¿se prioriza aliviar costos o construir capacidades?
La segunda zona de fricción probable está en la fiscalización. Algunos partidos plantean fortalecer SUNAFIL, usar interoperabilidad, inspección inteligente y analítica de datos. Otros enfatizan reducir arbitrariedad, acotar sanciones desproporcionadas y corregir excesos de municipalidades o de la administración tributaria.
Ese choque es previsible. La informalidad no va a caer sin capacidad de enforcement. Pero tampoco va a caer si el Estado aparece únicamente como amenaza y nunca como facilitador. El problema es que la política peruana suele discutir este punto de manera binaria: o más mano dura o más indulgencia. Y el verdadero desafío está en otro lado: construir una fiscalización creíble, inteligente y proporcional, que no castigue a quien apenas empieza a transitar hacia la formalidad, pero que tampoco premie indefinidamente el incumplimiento.
La tercera gran discrepancia está en pensiones y protección social. Aquí sí estamos ante una diferencia más profunda. Hay propuestas de pensión universal o casi universal. Hay propuestas multipilares. Hay propuestas de afiliación automática, microahorro, co-aportes estatales, ampliación de Pensión 65, subsidios focalizados y restricciones a futuros retiros. Hay incluso apuestas muy distintas sobre el rol del sistema privado, el rol del Estado y la manera de reconstruir legitimidad después del vaciamiento previsional de los últimos años.
Y eso importa más de lo que suele reconocerse. Porque ampliar cobertura previsional suena bien en campaña, pero la discusión seria empieza cuando aparecen las preguntas incómodas: quién paga, cómo se financia un piso universal, cómo se articula lo no contributivo con lo contributivo, qué pasa con los trabajadores de trayectorias inestables, cómo se evita seguir fragmentando el sistema y qué nivel de subsidio es políticamente vendible y fiscalmente sostenible.
En cambio, hay un tema que podría ganar más tracción de la que hoy parece tener: el sistema de cuidados. Partido del Buen Gobierno, Fuerza Popular, País para Todos y Primero la Gente lo incorporan, con distintos niveles de desarrollo, como puente entre empleo femenino, formalización y protección social.
Y ahí hay una intuición potente. En el Perú, la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado sigue expulsando a muchas mujeres del empleo formal o empujándolas a trayectorias precarias, fragmentadas y mal protegidas. Por eso, cuando los planes hablan de guarderías, servicios de cuidado, corresponsabilidad o reconocimiento del trabajo de cuidado, no están entrando en un asunto lateral: están tocando uno de los nudos más duros del mercado laboral peruano.
Entonces, ¿qué podría esperar realmente el país del próximo Congreso?
Mi impresión es que sí podría avanzar una agenda de consenso parcial: simplificación y digitalización de trámites, fortalecimiento de formación técnica y certificación de competencias, más apoyo productivo y financiero para MYPE, algunas medidas de inserción laboral juvenil y cierta expansión gradual de cobertura hacia trabajadores hoy desprotegidos. Todo eso aparece lo suficiente en varios planes como para pensar en acuerdos viables.
Pero también creo que sería un error confundir esa agenda parcial con una respuesta suficiente a los problemas estructurales del Perú. Lo más difícil seguirá siendo lo más importante: cómo elevar la productividad de manera sostenida, cómo hacer viable la formalidad más allá del primer trámite, cómo integrar de verdad la protección social para trabajadores con trayectorias inestables y cómo ordenar una reforma previsional con legitimidad política y consistencia fiscal.
Ese es, a mi juicio, el punto central. El riesgo no es que no haya propuestas. El riesgo es otro: quedarnos solo con la parte más fácil del consenso.
Sería una buena noticia tener mejores trámites, más interoperabilidad, más formación dual y más apoyo a la MYPE. Pero si esa agenda no se conecta con productividad, institucionalidad y protección social, el Perú podría volver a hacer lo que mejor ha aprendido a hacer en estas materias: administrar la informalidad sin reducirla de verdad.
