En medio del ruido político y la desconfianza generalizada hacia las reformas estructurales, el Congreso ha dado un paso que merece una lectura esperanzadora: la aprobación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Por primera vez, se establece un sistema que, al menos en el papel, promete pensión para todos. Esa sola frase, en un país donde sólo el 29.8 % de la población está afiliada a un sistema previsional y donde apenas el 4.5 % de los adultos mayores accede a una pensión superior a la Remuneración Mínima Vital, ya es revolucionaria.
Hasta ahora, el acceso a una pensión en el Perú ha dependido más del azar que de la justicia: del tipo de contrato que se tuvo, del empleador, del nivel de ingresos o del conocimiento del sistema. La nueva ley cambia ese principio. Desde los 18 años, todo trabajador que ingrese a planilla debe afiliarse obligatoriamente a la ONP o a una AFP. Si no elige, se le asigna. ¿Por qué es importante? Porque institucionaliza el derecho a tener una pensión desde el inicio de la vida laboral, un derecho que debería ser tan básico como el acceso a la salud o la educación.
Sembrar la costumbre del ahorro
Uno de los puntos más positivos —y quizá el más invisible— de esta reforma es que prepara a las nuevas generaciones para pensar en su vejez desde ahora. Que los jóvenes empiecen a aportar desde su primer empleo los obliga, casi sin darse cuenta, a construir una cultura de previsión. Acostumbrarse a ahorrar no es solo un acto financiero: es una disciplina social. En un país donde hasta hace poco se normalizaba retirar el fondo de pensiones para gastos inmediatos, cambiar esta mentalidad es, sin exagerar, una revolución cultural.
Por primera vez se concibe el sistema previsional como uno solo, con varios pilares —no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario— articulados bajo principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad. Este rediseño reconoce que no todos tienen trayectorias laborales regulares, pero todos merecen una vejez digna.
También es justo reconocer que esta ley no se limita al sector formal. Quienes trabajan como independientes —la mayor porción del mercado laboral, donde apenas el 4 % aportaba regularmente antes de esta ley— tendrán la obligación de aportar desde el tercer año de vigencia, empezando con un 2 %, que irá aumentando hasta 5 %. Y, si por algún motivo dejan de emitir recibos, la obligación se suspende. Es decir, se adapta a las trayectorias laborales discontinuas, sin penalizar la intermitencia tan común en este sector.
En el caso de que la persona no trabaje y esté en situación de pobreza, se le reconoce el derecho a una pensión no contributiva. Este aspecto, que ha pasado casi desapercibido, puede ser una de las claves para reducir la pobreza en la vejez: un alivio económico que no exige aportes, pero que garantiza dignidad.
Pensión mínima, cuentas nocionales y continuidad
Otra novedad significativa es la posibilidad de acceder a una pensión mínima proporcional, y la creación de cuentas nocionales en la ONP, que acercan ese sistema a una lógica más contributiva y transparente. La pensión mínima en el SNP se incrementará a S/600 para jubilación e invalidez, mientras que quienes no completen los años de aporte podrán acceder a pensiones proporcionales de S/300 o S/400, dependiendo del tiempo aportado. Además, se facilita el traslado entre sistemas sin perder lo aportado: algo que parecía impensable hasta hace apenas unos años.
No obstante, mucho de lo que será el diseño de este nuevo sistema de pensiones dependerá de cómo la SBS reglamente su implementación. Esa reglamentación aún no está publicada en su versión final. Y, aunque podríamos criticar esa demora o falta de precisión, preferimos esperar. Que sea la SBS la que lo haga, es, en este contexto, una buena noticia, ya que es una de las pocas instituciones que en los últimos años no han sufrido la deserción de sus mejores profesionales.
Políticas cortoplacistas que afectan nuestro futuro
En paralelo a esta reforma, el Congreso sigue discutiendo proyectos que buscan abrir nuevas puertas para retirar fondos de pensiones. Es una contradicción evidente. La misma institución que declara que las pensiones son un derecho universal, insiste en desmantelar el sistema desde dentro. La pensión es el resultado de años de trabajo en los que sacrificamos la liquidez de corto plazo para garantizar una vida digna en el largo plazo y debería ser intocable salvo por razones graves y excepcionales. Esta ley representa un esfuerzo enorme de todos los peruanos en el gasto público, por lo que debemos estar muy pendientes de su correcta implementación.
Finalmente, esta ley no resuelve todos los problemas. Pero marca un punto de partida. Si no se hacía nada, se proyectaba que para 2050 más del 50 % de adultos mayores no tendría ninguna pensión. Esta reforma busca revertir esa tendencia, sembrando hoy la base para una seguridad social más justa y sostenible. En un país donde la informalidad, el pluriempleo y la precariedad definen la vida laboral de millones, asegurar una pensión no es solo una meta económica: es una cuestión de justicia social.
