Por:
Paloma Cotrina, Especialista Legal
Cada 1 de mayo, el debate laboral en el Perú se instala sobre una idea que parece incuestionable: a mayor protección del trabajador, mejores condiciones de empleo. Sin embargo, la evidencia del propio mercado laboral formal peruano sugiere que esta relación no es tan directa como solemos asumir. Más aún, plantea una paradoja incómoda: ciertos mecanismos diseñados para proteger pueden estar contribuyendo, en la práctica, a precarizar.
A diciembre de 2025, el empleo formal privado en el Perú muestra una estructura que rompe con la narrativa tradicional de estabilidad. Aproximadamente 2.9 millones de trabajadores —el 70.1%— se encuentran bajo contratos temporales, mientras que solo 1.26 millones —el 29.9%— tienen contratos a plazo indeterminado. Es decir, hoy siete de cada diez trabajadores formales no cuentan con estabilidad contractual.
Este resultado no es coyuntural. Responde a una transformación progresiva que se viene gestando desde finales de la década de 1990. En ese entonces, la situación era inversa: cerca del 70% de los trabajadores formales contaban con contratos indefinidos. Con el paso de los años, esa proporción se ha ido reduciendo de manera sostenida, hasta convertirse en minoritaria. En paralelo, los contratos sujetos a modalidad han pasado de ser una herramienta complementaria a convertirse en la forma dominante de contratación en el sector formal.
Este cambio no puede entenderse únicamente como una decisión unilateral de las empresas. Está profundamente vinculado al diseño institucional del mercado laboral. A partir de los años 2000, el Perú reforzó distintos mecanismos de protección del empleo estable: mayores costos de despido, ampliación de la reposición judicial y restricciones a esquemas de intermediación y tercerización, entre otros. La lógica detrás de estas medidas era clara: fortalecer la estabilidad laboral y evitar despidos arbitrarios.
Gráfico N° 1: Estructura contractual del empleo formal asalariado privado, 1997–2025
Fuente: MTPE – Planilla Electrónica – PLAME y T-Registro (2025)
No obstante, como suele ocurrir en economía laboral, los incentivos importan. Frente a un esquema donde la contratación indefinida implica mayores riesgos y costos potenciales, las empresas han ajustado su comportamiento. No han dejado de contratar, pero han cambiado la forma en que lo hacen. El resultado es un uso intensivo de contratos temporales como mecanismo de gestión del riesgo.
Aquí es donde aparece la paradoja. El sistema laboral peruano ofrece altos niveles de protección a quienes logran acceder a un contrato indefinido, pero al mismo tiempo genera incentivos para que cada vez menos trabajadores se encuentren en esa situación. En otras palabras, protege bien, pero a un grupo cada vez más reducido.
Para la mayoría, la experiencia laboral es distinta. La predominancia de contratos temporales se traduce en trayectorias laborales fragmentadas, alta rotación y menor previsibilidad de ingresos. Incluso dentro de la formalidad, la estabilidad se vuelve relativa. Esto afecta no solo la calidad del empleo en el corto plazo, sino también la acumulación de experiencia, la inversión en capital humano y las posibilidades de desarrollo profesional en el largo plazo.
El impacto, además, no es homogéneo. Los datos muestran que la temporalidad se concentra en determinados grupos. Entre los trabajadores jóvenes, hasta 29 años, el 82% se encuentra bajo contratos a plazo fijo. En el caso de los trabajadores obreros, la cifra asciende a 83%. En contraste, entre los ejecutivos predomina ampliamente la contratación indefinida. Esto revela un mercado laboral segmentado, donde la protección no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en ciertos perfiles.
La temporalidad tampoco es un fenómeno neutral desde el punto de vista de los derechos laborales. Más allá de la duración del vínculo, condiciona el ejercicio efectivo de derechos. La afiliación sindical se vuelve menos probable cuando la continuidad del empleo es incierta; el registro de horas extras puede verse afectado por la menor capacidad de negociación del trabajador; y la construcción de una línea de carrera se vuelve más difícil en un contexto de alta rotación. En la práctica, muchos trabajadores formales operan en un espacio intermedio: están dentro del sistema, pero con un acceso limitado a sus beneficios.
Sin embargo, el problema no se agota dentro de la formalidad. La misma lógica que explica la expansión de los contratos temporales ayuda a entender por qué una parte importante del país sigue al margen del sistema.
Cuando el marco laboral impone altos costos y rigideces para la contratación estable, las empresas no solo ajustan la forma de contratar —migrando hacia esquemas temporales—, sino que, en muchos casos, optan por no formalizar ciertos vínculos laborales. Es decir, el costo de ingresar plenamente al sistema se vuelve lo suficientemente alto como para que la informalidad aparezca como una alternativa viable, especialmente en unidades productivas más pequeñas o con menor capacidad de absorción de riesgos.
7 de cada 10 peruanos están en la informalidad laboral y permanecen cada vez más excluidos ante un marco laboral que hace más difícil a las empresas ingresar a la formalidad.
En ese sentido, la precarización dentro de la formalidad y la persistencia de la informalidad no son fenómenos independientes, sino dos caras de un mismo problema: un marco regulatorio que no logra alinearse con la estructura productiva del país.
Esto es particularmente crítico en el Perú, donde cerca del 70% de los trabajadores se mantiene fuera del empleo formal. Para ellos, la discusión sobre estabilidad laboral o protección frente al despido simplemente no existe. No es que accedan a menos derechos: es que están completamente fuera del sistema que los reconoce.
Aquí emerge una segunda paradoja. Mientras el debate público se concentra en reforzar mecanismos de protección dentro de la formalidad, se termina diseñando un sistema que eleva las barreras de entrada para quienes aún no forman parte de él. En lugar de facilitar la transición hacia el empleo formal, se configura un entorno en el que adaptarse a la regulación resulta más difícil que permanecer al margen.
El resultado es un mercado laboral profundamente segmentado: una minoría con altos niveles de protección, una mayoría formal bajo esquemas precarios y un grupo aún mayor completamente excluido.
En ese contexto, la discusión ya no debería centrarse en si se necesita más o menos protección, sino en cómo diseñarla para que no genere efectos contraproducentes. El verdadero desafío es construir un esquema que permita equilibrar seguridad para el trabajador con incentivos razonables para la contratación, y que, además, sea capaz de incorporar a quienes hoy permanecen al margen.
En el Día del Trabajo, quizás vale la pena dejar de repetir consignas y empezar a mirar con más detenimiento los resultados. Porque un sistema que protege bien a unos pocos, precariza a muchos y deja a la mayoría completamente fuera, difícilmente puede considerarse un sistema que protege de verdad.
