Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 3,2 millones de peruanos -el 10,3% de la población- viven con alguna discapacidad. Esto quiere decir que de cada 10 personas que conocemos, una debería ser una persona con discapacidad. Pero eso no es así porque al estar relegadas en la sociedad, solo excepcionamente nos cruzamos, especialmente en el mundo laboral. Quizá por eso no pensamos demasiado en cómo vive esta situación ese grupo de peruanos… hasta que nos toca de cerca.
Cada 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el Perú se debería enfrentar a la pregunta incómoda pero necesaria: ¿hemos avanzado realmente hacia una sociedad inclusiva o seguimos limitándonos al cumplimiento simbólico de la ley?
Solo el 42,5% de las personas con discapacidad forma parte de la población económicamente activa (PEA), y de ellos apenas el 40% accede a un empleo. En otras palabras, seis de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar permanecen fuera del mercado laboral.
El informe “Personas con discapacidad y empleo en el Perú: de la cuota formal a la inclusión real” de Horizonte Laboral, elaborado con base en información del INEI, CONADIS y la OIT, muestra que la distancia entre el marco normativo y la realidad cotidiana sigue siendo abismal. A pesar de contar con leyes avanzadas -como la Ley General de la Persona con Discapacidad (N.º 29973) y la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo 203-, el cumplimiento efectivo de las cuotas laborales es marginal: solo el 11,3% de las entidades públicas y 248 empresas privadas alcanzan los porcentajes exigidos por ley.
Pero más allá de los números, el informe pone en evidencia algo más profundo: la exclusión estructural. La mayoría de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen en sectores informales, de baja productividad y sin protección social. Casi la mitad solo cursó educación primaria y menos del 20% accedió a educación superior. Esto confirma lo que la OCDE y la OIT han señalado en estudios comparativos: la educación inclusiva es condición necesaria, pero no suficiente, si no va acompañada de programas efectivos de transición al empleo y de entornos laborales accesibles.
Mientras en países latinoamericanos miembros de la OCDE —como Chile, México y Colombia— la participación laboral de las personas con discapacidad oscila entre el 45% y el 55%, en el Perú sigue por debajo del 30% en zonas urbanas como Lima. En esos países, la inclusión se promueve con incentivos fiscales, acompañamiento técnico y programas de reinserción laboral. Aquí, en cambio, el sistema aún se apoya casi exclusivamente en la coerción legal y la fiscalización discrecional.
Los datos son contundentes: cumplir la cuota no es incluir. Cumplir la ley no basta si no acceden a oportunidades de estudio, si los entornos laborales no están preparados, si los procesos de selección no son accesibles o si persisten prejuicios que asocian discapacidad con dependencia o baja productividad.
Por eso, las recomendaciones del estudio apuntan a un cambio de enfoque. No se trata solo de sancionar el incumplimiento, sino de construir condiciones reales de inclusión. Algunas líneas de acción clave:
- Fortalecer la educación inclusiva desde la infancia y garantizar la transición entre formación y empleo mediante prácticas y pasantías accesibles.
- Ampliar los incentivos económicos, simplificando las deducciones tributarias por contratación de personas con discapacidad y creando mecanismos de cofinanciamiento para pequeñas empresas.
- Implementar programas de acompañamiento que ayuden a adaptar los puestos de trabajo y a sensibilizar a los equipos.
- Promover campañas nacionales que cambien la percepción social de la discapacidad y visibilicen la productividad y autonomía de las personas con discapacidad.
- Mejorar la fiscalización, eliminando la discrecionalidad actual y estableciendo criterios objetivos de cumplimiento verificable, que apunten a eliminar las barreras estructurales en las organizaciones. El objetivo no debe ser poner la multa, sino ayudar a cumplir con el propósito de las cuotas.
El mensaje es claro: la inclusión no puede seguir siendo una cuota, ni un trámite, ni un eslogan. Debe convertirse en un compromiso tangible de las empresas, el Estado y la sociedad.
El Perú no necesita leyes más duras, sino políticas más inteligentes. Porque el verdadero progreso no se mide en porcentajes de cumplimiento, sino en oportunidades reales para todos.
