Por: Mayén Ugarte, Presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral
Cada año, miles de mujeres peruanas hacen un cálculo silencioso: cuánto les costará tener un hijo. No en pañales ni en pediatra. En carrera, en salario, en años de cotización previsional que no van a recuperar.
Los datos no mienten. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 41% de las mujeres reduce su jornada o abandona el mercado laboral tras el nacimiento del primer hijo. Las madres ganan en promedio 11% menos que mujeres sin hijos con características similares. Y el 75% de las mujeres activas trabaja en la informalidad, sin licencia efectiva, sin subsidio, sin protección alguna frente al embarazo.
Esto no es mala suerte. Es el resultado predecible de un sistema que no fue diseñado para ellas.
La penalización que nadie nombra
Los economistas lo llaman child penalty: la penalización laboral que sufren las mujeres por el hecho de ser madres. En el Perú, esa penalización no es transitoria. Los datos del BCRP muestran que entre 2019 y 2024 la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres de 30 a 39 años —la década de mayor productividad— se amplió, no se cerró. La maternidad no es un paréntesis en la trayectoria profesional de una mujer peruana: es, con demasiada frecuencia, un punto de quiebre.
El efecto es acumulativo. Un estudio de la CAF (2021) estima que la maternidad genera en Perú un aumento del 17% en la tasa de informalidad femenina en el mediano plazo. Las mujeres no solo dejan de trabajar: migran hacia formas de empleo más precarias, sin cobertura social, sin aportes previsionales, sin posibilidad de acogerse a los derechos que la ley formalmente les reconoce. Y esa migración es más intensa entre mujeres con menor educación, que son también las que menos recursos tienen para absorber el golpe.
El argumento del encarecimiento: verdad parcial, política equivocada
Cada vez que se discute ampliar la licencia de maternidad o extender protecciones a madres trabajadoras, aparece el mismo argumento: esas medidas encarecen a las mujeres para el empleador y generan discriminación en la contratación. Ese argumento no debería descartarse. En el contexto peruano, señala un problema real.
La evidencia de la OIT muestra que en sistemas con financiamiento socializado el costo neto al empleador formal es mínimo: entre 0.4% y 1.8% de la remuneración bruta mensual. En México, cuando el IMSS (esSalud mexicano) financia la sala cuna directamente, contratar a una mujer resulta incluso más barato que contratar a un hombre. Ese dato es ilustrativo de lo que puede lograrse con buen diseño. Pero aplica a un universo muy específico: empresas que operan en planilla, con trabajadores afiliados a EsSalud, con capacidad de tramitar el reembolso del subsidio. Expandir protecciones sin resolver primero ese problema de diseño no elimina el encarecimiento: lo traslada, entero, al eslabón más débil de la cadena.
En el Perú, ese universo es la excepción.
Según datos de PRODUCE e INEI, el 84.8% de las MYPE opera en la informalidad —y en la microempresa, esa tasa llega a 91.3% (ENAHO 2022, último dato disponible). Eso no es un dato marginal: las MYPE representan el 99.1% del tejido empresarial peruano y emplean al 86.5% del empleo privado (PRODUCE 2024). El 93% de los trabajadores informales se ocupa en empresas de hasta 20 trabajadores. Y el 52% de los negocios informales es conducido por mujeres.
Para ese empleador, que es la norma, no la excepción, el costo de una licencia de maternidad no es un residual mínimo administrado por la seguridad social. Es el salario íntegro de 98 días sin posibilidad de reembolso, porque no hay planilla electrónica, porque la trabajadora no está afiliada a EsSalud, porque tramitar el subsidio implicaría exponerse ante SUNAT y SUNAFIL. La consecuencia práctica es previsible: la trabajadora es desvinculada antes o durante el embarazo, en un espacio donde la fiscalización laboral efectiva es casi inexistente.
El problema, entonces, no es que las protecciones sean caras. El problema es que el sistema de financiamiento fue diseñado para un mercado formal que representa menos de un tercio del empleo femenino. Ampliar derechos solo dentro de ese tercio, sin formalización (sin sistema universal de cuidados, sin mecanismos que alcancen a la trabajadora informal) no reduce la penalización por maternidad. En el mejor de los casos, no cambia nada. En el peor, desplaza a las mujeres hacia formas de trabajo todavía más precarias, como documenta la experiencia colombiana tras la ampliación de su licencia de maternidad en 2011.
La discriminación estadística que Phelps identificó hace cinco décadas (los empleadores que tratan a toda mujer en edad fértil como una carga potencial) no desaparece con más derechos en papel. Desaparece cuando esos derechos tienen financiamiento socializado real, cuando la corresponsabilidad masculina es obligatoria y no opcional, y cuando la informalidad deja de ser la única salida disponible para una madre que necesita flexibilidad.
Lo que el próximo gobierno no puede seguir postergando
Revisados los planes de gobierno de los principales partidos con opciones en la segunda vuelta, el diagnóstico es preocupante. Fuerza Popular menciona la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (la medida estructural más importante que podría tomarse) pero habrá que preguntar por el diseño operativo y el financiamiento, pues no está definido. Juntos por el Perú ni siquiera lo menciona. Ninguno de los dos propone transitar a un sistema más integral para el tratamiento de la parentalidad y, menos aún, propone alguna fórmula para extender eficazmente derechos a las trabajadoras informales.
La agenda que el próximo gobierno tiene pendiente no es radical. Es básica:
La agenda pendiente no es sofisticada, pero sí exige decisiones que los últimos gobiernos han postergado. El cuidado infantil no puede seguir siendo un problema que cada familia resuelve como puede: mientras el Estado no garantice una oferta accesible para los menores de tres años, sobre todo donde la informalidad es más alta, la maternidad seguirá siendo incompatible con el empleo formal para millones de mujeres. Lo mismo ocurre con la asimetría entre la licencia de maternidad y la de paternidad: esa brecha no es un detalle administrativo, es la señal más clara que el mercado recibe sobre quién carga con el costo de tener hijos, y mientras no se corrija, ninguna protección a la madre va a eliminar el incentivo a discriminarla. Y hay una pregunta que los anteriores gobiernos han evitado: ¿cómo se protege a una madre cuyo vínculo laboral nunca fue reconocido por el sistema? El debate no debería ser si ampliar o no los derechos existentes, sino cómo construir un sistema que llegue a quienes hoy el sistema ignora.
Los riesgos de otros cinco años de inacción
No actuar también tiene un costo. Y ese costo no lo paga solo la madre trabajadora individual.
El riesgo demográfico es el más visible: una mujer que enfrenta una penalización severa por tener hijos decide tener menos, o ninguno. La tasa de fecundidad en el Perú ya está en 2.1 hijos por mujer, en el límite del reemplazo generacional, y la evidencia comparada muestra que cuando las mujeres más educadas y con mayor participación laboral enfrentan condiciones de este tipo, la caída es más pronunciada en ese grupo. Menos población activa en el futuro es menor PBI per cápita y mayor presión sobre los sistemas de pensiones.
El riesgo intergeneracional es más silencioso pero igual de grave. Los primeros mil días de vida de un niño determinan en gran medida su desarrollo cognitivo, emocional y físico. Una madre que trabaja en condiciones de precariedad extrema (sin licencia efectiva, sin servicio de cuidado accesible, sin red de protección) no puede garantizar esas condiciones. La pobreza infantil no es solo un problema de ingresos: es un problema de tiempo, atención y estabilidad que el mercado laboral le está quitando a las madres más vulnerables.
El riesgo fiscal cierra el círculo: mujeres con trayectorias laborales interrumpidas aportan menos al sistema previsional, acumulan menos capital humano y tienen mayor probabilidad de depender de programas sociales en la vejez. El costo de no invertir hoy en cuidados se paga después, con mayor gasto público y menor recaudación.
Ser madre en el Perú no debería ser un factor de riesgo laboral. Que todavía lo sea, en 2026, no es una fatalidad del mercado. Es una decisión política que el próximo gobierno tendrá que tomar ¿o lo seguirá evitando?
